CONCEPTO DE ALTO DIRECTIVO

CONCEPTO DE ALTO DIRECTIVO

El régimen laboral especial de alta dirección tiene una regulación específica contenida en el Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto. En éste se define la noción legal de lo que debería entenderse por personal de alta dirección:

“Se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”

Esta noción legal de alto directivo se caracteriza por la presencia de dos elementos fundamentales que servirán para distinguirlo del personal directivo sometido al derecho laboral común.

1)      Poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Comprenden, pues, todas aquellas facultades necesarias para gestionar y dirigir la empresa en su totalidad, que el Alto Directivo recibe por delegación de primera mano del órgano de gobierno y administración de la empresa.

Este primer criterio hace referencia a las facultades de dirección más o menos amplias que tiene el trabajador en la empresa. Implica un análisis y estudio de los respectivos organigramas societarios.

Son poderes relativos a los objetivos generales de la empresa, lo que implica la realización de funciones que afectan a la vida íntegra de la empresa y los objetivos más trascendentales de la misma, que resultan estratégicas y vitales para la organización productiva, de forma que su gestión puede condicionar la marcha de la empresa y del negocio.

 

Este es el criterio que mayores dificultades comporta en cuanto a su delimitación y efectos sobre la naturaleza de la relación.

La existencia de  apoderamientos amplios o  totales que le autoricen a administrar, representar, dirigir y comprometer a la empresa, con la única subordinación del órgano rector de la sociedad, deberá ser considerada como alto cargo.

 

2)      La actividad debe desarrollarse con autonomía y plena responsabilidad, existiendo una dependencia muy atenuada del empresario. Ésta se reduce al cumplir con “los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad.”

En resumen, no es sencillo determinar la relación laboral ordinaria de Alta dirección y  habrá de analizarse en cada caso concreto, para determinar la naturaleza del vínculo y la posición de la persona que desarrolla las tareas o funciones en la organización de la sociedad, y sobre éstos datos, de necesario conocimiento, se deberá sustentar la conclusión sobre la naturaleza jurídica de la concreta relación que vincula a las partes (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, de fecha 14 de junio de 1990), pues la naturaleza de los contratos depende de su verdadero contenido y no de la denominación que le puedan atribuir las partes.

Clara Gelabert
Asesora Fiscal

Fiscontrol Assessors

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