DEROGACIÓN del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

DEROGACIÓN del   Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

El pasado día 19 de diciembre de 2018, entraron en vigor diversas medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que han durado un mes, ya que el Congreso de los Diputados (Resol 22-01-19, BOE 24-01-19) ha acordado su derogación, por lo que a partir del 24-01-2019 vuelve a aplicarse la normativa anterior.

Quedan anuladas, por tanto, con relación a los contratos de alquiler:

-       Las ampliaciones de los plazos de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda, de 3 a 5 años, y a 7 si el arrendador es persona jurídica.

-       El incremento del tiempo de prórroga si, cumplidos los 5 o 7 años, no existe comunicación de las partes de no renovarlo, pasando de 1 a 3 años.

-       La limitación de la garantía adicional -aparte de la fianza en metálico de 1 mes- que se puede exigir (vuelve a no tener límite), salvo que se trate de contratos de larga duración.

Todos los contratos de alquiler firmados entre ambas fechas se regirán por lo aprobado en el RD Ley, ahora derogado.

En relación con las medidas fiscales, se anulan las siguientes:

-       La nueva exención prevista en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITP y AJD, que dejaba exento el arrendamiento de inmuebles para uso estable y permanente, operaciones de las que es sujeto pasivo el arrendatario.

-       En el IBI se anula: la exención para inmuebles de uso residencial con renta limitada; posibilidad de que los Ayuntamientos pudieran aplicar recargo sobre los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente y bonificación para viviendas alquiladas con rentas limitadas de hasta un 95 %

También quedan sin efecto las modificaciones de ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal con medidas como el incremento del importe del Fondo de Reserva de las comunidades de propietarios y la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (cambios en el procedimiento de desahucio cuando afectaba a hogares vulnerables).

Antonia Torrens

Fiscontrol Assessors

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